Jueces Para la democracia quiere hacer público su descontento con la forma en que se está tratando la prometida supresión del ascenso forzoso. Esta es una de las medidas más fácilmente alcanzable a corto plazo, siendo además una histórica reivindicación de JpD que hasta hace poco nos separaba de otras asociaciones que finalmente se han adherido.
El acuerdo es unánime en la Carrera. El daño que produce tanto en la conciliación de la vida familiar y profesional del Juez, como en la calidad y estabilidad del servicio público, incluso el coste económico que por sustituciones y licencias puede acarrear, es conocido y asumido por todos. Además esta medida afectaría principalmente a los jueces más jóvenes, quienes más sufren el abandono y carencia de medios en su trabajo y quienes han liderado un movimiento sin precedentes en la Carrera Judicial. La medida sería sencilla de adoptar, sin necesidad de grandes desarrollos normativos ni inversiones económicas o estructurales. Si ni siquiera en estas circunstancias se logra resultado tangible, se nos hace muy difícil confiar en el éxito de medidas más ambiciosas, costosas y a medio o largo plazo, incluidas en el Plan de Modernización.
Pese a todos estos condicionantes favorables y a las propuestas concretas de reformas legislativas aportadas por JpD, después de largos años de vigencia del artículo 311-1 LOPJ y del sistema de las tres renuncias, únicamente el CGPJ ha intentado un movimiento, dentro de sus competencias, mediante una propuesta de desarrollo reglamentario, que obedeciendo muy probablemente a una intención de paliar las consecuencias del ascenso forzoso hasta su definitiva supresión, no podemos aceptar precisamente en el momento en que todo el mundo coincide en la conveniencia de su desaparición. Esta propuesta puede ser percibida como evidencia de que el CGPJ no confía en una supresión a corto o medio plazo del ascenso forzoso, e implica en cambio un afianzamiento del sistema anterior al darle un desarrollo reglamentario del que durante años ha carecido.
JpD piensa que las asociaciones judiciales deberíamos abstenernos de informar la reforma solicitando su retirada, pues no es momento oportuno para desarrollar un precepto que ha quedado obsoleto.
Somos conscientes de que la solución a esta cuestión pasa por el Parlamento, modificando la regulación del art 311 LOPJ, y de que ello atañe fundamentalmente al Ministerio de Justicia. Al CGPJ le solicitamos apoyo pleno y explícito en esta reivindicación, como conocedor que es de la problemática que conlleva.
Por ello acudiremos a la próxima reunión del día 4 de diciembre en el Ministerio con una propuesta concreta de regulación (se adjunta) exigiendo un compromiso serio en el sentido de iniciar la modificación legal de forma inmediata, yendo más allá de las hipótesis, declaraciones retóricas y textos con letra pequeña. Nuestra postura se basará en los siguientes puntos:
- Que la tramitación de la LO se llevará a cabo de forma separada y aislada, a fin de evitar que se incluya dentro de un paquete junto con otras reformas que puedan dificultar que salga adelante o se eternicen en el trámite parlamentario.
- Dado que se presenta ya una propuesta de articulado, que se fije un plazo para su aprobación como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros y su posterior presentación al Parlamento como proyecto.
- Que estos compromisos sean comunicados por el Ministerio mediante una nota informativa que se distribuiría a la carrera judicial a la mayor brevedad.
De no recibir una respuesta adecuada, elaboraríamos un comunicado de protesta junto con las demás asociaciones, sin perjuicio de poder adoptar otras medidas en el seno de la CIP.
Esto sería recibido como un compromiso real con el conjunto de nuestras reivindicaciones comenzando por una de las que consideramos más sencilla y a la vez significativa.
El Secretariado
3 de diciembre de 2008