Por fin se ha producido la renovación del CGPJ. Después de meses de negociaciones en este mes de septiembre las fuerzas políticas han llegado a un acuerdo que ha permitido que se produzca esa tan esperada renovación.
Como no podría ser de otro modo, debemos felicitarnos por este hecho y asimismo hacer extensiva esta felicitación a los nuevos vocales, de forma especial a nuestros compañeros, a quienes sinceramente deseamos lo mejor en la ardua tarea que tienen encomendada en los próximos años.
Ahora bien, no todo son buenas noticias, pues debemos ser muy críticos con la forma en la que se ha desarrollado el proceso de elección: la falta de transparencia ha sido clamorosa; el trámite parlamentario de comparecencias inútil y, en algunos casos, de verdadero sonrojo; el perfil marcadamente partidista de algunos vocales no ayuda precisamente a confiar en un Consejo independiente alejado de la pugna política; la marginación de las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria o Foro Judicial y, sobre todo, la ausencia de vocales no asociados, ignorando el hecho de que más de la mitad de la carrera judicial no está adscrita a asociación alguna, no permite hablar precisamente de pluralismo.
También debemos ser muy críticos con el proceso de elección del Presidente del TS y del CGPJ, rechazable desde el punto de vista legal y democrático, ya que se ha convertido en una mera convalidación formal de una decisión previamente tomada por el poder ejecutivo.
Todo lo anterior desluce el resultado final y debe llevar a una profunda reflexión a los responsables de los partidos políticos que han negociado, si de verdad creen en la fortaleza e independencia de un órgano constitucional como es el CGPJ.
Es cierto que la renovación de una institución obliga de forma necesaria a mirar al futuro, pero no podemos soslayar, para construir las expectativas futuras, la situación a la que llegó el anterior CGPJ. El órgano de gobierno del Poder Judicial cesante cayó en el más absoluto desprestigio democrático e institucional, por razones que no es ahora el momento de analizar, pero que se refirieron fundamentalmente a la actuación sistemática en dos “bloques”, la falta de liderazgo institucional de su Presidente y la dejación de funciones en los dos últimos años.
En la actualidad el CGPJ aparece ante la opinión pública, ante el colectivo de Jueces y Magistrados y ante la ciudadanía en general, como un órgano denostado, altamente politizado e incapaz de asumir las funciones constitucionales que tiene asignadas, y por tanto resulta inaplazable poner final a esta injustificable situación.
Es por ello que la elección del nuevo Consejo no es solamente la renovación de un órgano constitucional, o por lo menos pensamos que debe representar mucho más. Los vocales elegidos tienen la obligación ética y democrática de rescatar al CGPJ de la situación de descrédito en que se encuentra y de recuperar su legitimidad y la capacidad de iniciativa y de actuación.
Es desde esta perspectiva que reclamamos, esperamos y confiamos que el próximo Consejo no malbarate el crédito constitucional, que tome conciencia que solo desde el cumplimiento no partidista, ponderado, respetuoso con la división de poderes, digno, deliberativo, abierto y plural, de las funciones de gobierno, podrá, por un lado, recuperar el respeto de los otros poderes del estado y muy especialmente de sus propios gobernados.
A pesar de las críticas a la forma en que se ha producido la elección de los Vocales del CGPJ y de su Presidente, confiamos plenamente en que los compañeros asociados a JpD, cuya capacidad e idoneidad son indiscutibles, actuarán con responsabilidad y honestidad personal e intelectual a fin de conseguir que el CGPJ cumpla las funciones constitucionales que tiene encomendadas.
Jueces para la Democracia se compromete a colaborar activamente en esa tarea.
Madrid, a 26 de septiembre de 2008.
Secretariado de Jueces para la Democracia