El pasado 7 de noviembre de 2006 finalizó el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial. El próximo día 17 de septiembre de este año tendrá lugar la solemne apertura del año judicial 2007-2008. En este día habrán pasado más de 10 meses desde que Congreso y Senado debieron renovar aquel órgano constitucional, sin que tal eventualidad haya tenido lugar.

Jueces para la Democracia, a través de sus diferentes órganos de dirección y gobierno, Secretariado, Comité Permanente y finalmente el último Congreso, celebrado en el mes de junio en Salamanca, ha solicitado insistentemente y por diferentes canales la renovación del Consejo General del Poder Judicial, responsabilizando a los Grupos Parlamentarios, especialmente al Partido Popular, de la falta de voluntad de llevar a cabo esa renovación, que es muy relevante para los intereses de los ciudadanos y la propia Carrera Judicial. Concretamente en el mencionado Congreso se pidió a los Vocales del Consejo que dimitieran, si antes de la apertura del año judicial no tenía lugar la renovación antes del acto de la apertura judicial.

Este acto de gran trascendencia social y mediática simboliza el comienzo de un nuevo curso judicial y en él, fundamentalmente, el Presidente del Consejo General dan cuenta de los resultados del anterior año judicial y expone los proyectos para el siguiente.

El Secretariado de Jueces para la Democracia ha sido invitado a participar en este acto, pero, en protesta ante esta situación de intolerable retraso en la renovación del Consejo General, impensable en los otros dos Poderes del Estado, ha decidido no acudir, expresando a los ciudadanos y la Opinión Pública que a lo largo de este período hemos constatado cómo se ha ido deteriorando el gobierno del Poder Judicial, tanto por la errática dinámica en que ha entrado en el ejercicio de sus funciones, con paralización del desempeño de algunas de sus competencias ( por ej. nombramiento de altos cargos) con repercusión en el conjunto del funcionamiento del Poder Judicial, como por la falta de solución a problemas candentes que repercuten en el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional (módulos de rendimiento) y la ausencia de proyectos futuros, connatural a esa situación de interinidad en la que se halla.

Tal parálisis del Consejo General, en fin, repercute en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, y por ende, en el servicio público que ésta ofrece a los ciudadanos, interesados en que aquélla dé una respuesta satisfactoria a sus problemas.