Asistimos con perplejidad y consternación a una creciente degradación de la esfera pública en la que de forma muchas veces insidiosa e irresponsable se ponen en entredicho los mecanismos institucionales de los que se dota el Estado Constitucional para, entre otras cosas, preservar su propio funcionamiento. No podemos ni debemos cuestionar las manifestaciones que procedentes de los partidos políticos someten diariamente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a la sombra de la sospecha, trasladando a la opinión pública española que su funcionamiento responde a presiones políticas e intereses ocultos. Confiamos, no obstante, en que los filtros propios de una sociedad democrática permitirán que los ciudadanos visualicen y valoren los comportamientos de cada uno de los agentes políticos.

Ahora bien, como asociación de jueces no podemos mirar a otro lado cuando desde el Gobierno Judicial y aprovechando dicha ubicación se participa activamente en el desprestigio de las instituciones del Estado.

Las últimas manifestaciones del vocal D. José Luis Requero cuestionando, banalizando, el propio proceso decisional del Tribunal Constitucional sobre una cuestión tan compleja y difícil como lo es la recusación promovida contra el magistrado Pérez Tremps, descalificando personalmente al magistrado recusado e imputando de forma directa a las autoridades responsables de la custodia del inculpado De Juan Chaos connivencia en la obtención de fotografías en el centro hospitalario donde está internado y de la entrevista publicada en el diario británico The Times, superan el límite de lo tolerable.

Este comportamiento, más propio de la defensa de particulares intereses políticos, no es acorde con el respeto que exige el Órgano al que pertenece ni con los deberes de probidad, neutralidad y fidelidad que debe mantener todo miembro de un órgano constitucional. Así, difícilmente se defiende la independencia y la imagen de independencia de los jueces y juezas de este País.

Sus manifestaciones vuelven a empujar al Consejo General del Poder Judicial por la pendiente resbaladiza de la politización y del descrédito social, de la desnaturalización de sus funciones como órgano que está obligado a custodiar y administrar la regla constitucional de distribución del poder, los pesos y contrapesos exigibles en un Estado Democrático.

Pendiente resbaladiza que, no nos engañemos, nos arrastra a todos.

Por todo ello, exigimos su dimisión por su manifiesta incapacidad para comportarse como la Constitución le exige.

Secretariado de JUECES PARA LA DEMOCRACIA

8 de febrero de 2007