El Secretariado de Jueces para la Democracia considera que el conjunto de medidas legislativas propuestas ayer por el Ministro de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso son razonables y precisas, aunque es necesario que vengan acompañadas de los medios necesarios para que sean eficaces.

En particular parece muy conveniente reformar el divorcio, simplificándolo, y contribuir con ello a la menor crispación que las situaciones de ruptura producen afectando a otros miembros de la familia. También lo es el ampliar generosamente los supuestos de despenalización del aborto a aquellos actualmente no contemplados y que siguen contribuyendo a que  la mujer no solo pierda parte de su autonomía personal  sino que  padezca  situaciones  difícilmente asumibles.

Del mismo modo lo es el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es imprescindible para el desarrollo de la personalidad y de la identidad sexual como derechos  que no deberían precisar un reconocimiento específico y que son consecuentes en una sociedad en la que el principio de igualdad sea una realidad. Estos objetivos son cuestiones esenciales que afectan al principio de autodeterminación de las personas y debieran alcanzarse con el apoyo de  todas las fuerzas y sectores progresistas que defienden una sociedad respetuosa y abierta.

Respecto a la reforma del sistema de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe acometerse tras un extenso debate en el que se tengan en cuenta todas las opiniones de la comunidad jurídica, universitaria y otros entramados y grupos sociales que trabajan en  los elementos de política criminal que hacen reconocible un Estado de Derecho como democrático y garantista. Del mismo modo debe afrontarse un estudio sereno y meditado de las necesarias  reformas penales,  sobre todo a la vista de las reformas producidas en la legislatura pasada, de muchos de sus errores, y de su próxima entrada en vigor en vigor.

JpD reclama que ese debate se plantee serenamente, sin las prisas de anteriores legislaturas, y que se caracterice por la búsqueda de consensos que eviten los continuos vaivenes en materia legislativa que se producen con los cambios de gobierno. El sistema de instrucción en el ámbito penal o la organización judicial no pueden estar  continuamente en cuestión, sino que deben sustentarse en un acuerdo general de mínimos que todos compartan.

Por último JpD quiere reclamar del gobierno que estos anuncios vengan acompañados de la asignación económica y de medios que permitan aplicar las reformas prometidas. Deben desaparecer las leyes sin memoria económica y sin previsión de las necesidades que comportará, de manera que exigimos a los gobernantes responsabilidad y rigor, para evitar que en el futuro aquéllas dependan sólo de la buena voluntad y dedicación de los profesionales del derecho, jueces y funcionarios que las aplican cotidianamente.

Miercoles 26 de mayo 2004