COMUNICADO DEL SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA:  Querella por parte del Fiscal General del Estado ante la Sala II del Tribunal Supremo.

La fuga de una persona acusada de un delito muy grave, que ha sido posible por una decisión judicial discutible es justificadamente, motivo de gran preocupación para la opinión pública. En este sentido JpD siempre se ha pronunciado a favor de la crítica de las resoluciones judiciales y de la transparencia  en el funcionamiento de todos los poderes públicos, incluido. claro está, el poder judicial.

Sin embargo al hilo de esta preocupación legítima de los ciudadanos, se están introduciendo hechos, actitudes y opiniones no menos preocupantes, que parecen indicar que se puede estar aprovechando lo sucedido para otros fines distintos de la búsqueda de la transparencia.

Hemos oído en esta línea, recientes declaraciones del Vicepresidente del Gobierno que ha llegado a presentar a los jueces en su conjunto como un obstáculo para la labor policial, lo que supone una inaceptable distorsión del sistema constitucional y legal  de instrucción penal y de enjuiciamiento de los  hechos delictivos, con unas propuestas que eran frecuentes hace 50 años pero que hoy creíamos definitivamente superadas.

Nos tememos también que se está introduciendo en el debate, como eco de fondo del intento de criminalización de los miembros de un Tribunal, la discrepancia  de algún sector del poder ejecutivo y derivadamente de la Fiscalía General del Estado, respecto de otras decisiones jurisdiccionales de este Tribunal que no eran de su agrado.

Si esto se confirma, estaríamos en presencia de un ataque de  fondo al núcleo esencial de la independencia judicial, que impone precisamente una garantía de no ingerencia en el  fondo de las resoluciones jurisdiccionales.

En Madrid, 11 de enero de 2002