SECRETARIADO
COMUNICADO
Cuando en mayo de este año se firmó por los dos partidos mayoritarios el llamado “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia” parecía que se abría una nueva perspectiva en la toma de decisiones sobre la organización de la Administración de Justicia en nuestro país y sobre las reformas necesarias para su mejora, perspectiva que se quería que estuviera presidida por el consenso. Los obstáculos posteriores para la renovación del máximo órgano de gobierno de la Justicia, el CGPJ, produjeron una quiebra en la credibilidad del pacto, que parecía verse compensada con el desbloqueo de la situación, el nombramiento del nuevo Consejo y la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento parlamentaria del Pacto de Estado, a través de la cual participaban en él las fuerzas políticas que no lo habían suscrito inicialmente.
Sin embargo, las expectativas de consenso y de primacía de los intereses objetivos de la Justicia sobre las opciones políticas partidarias parece que no han llegado a la parte más conservadora del propio estamento judicial.
Hoy mismo se ha tenido una prueba de ello cuando se ha confirmado la adscripción de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de quien hasta ahora ha sido Presidente de la Audiencia Nacional, nuestro compañero Clemente Auger Liñán. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, donde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tiene la mayoría, ha decidido adscribir a la Sala de lo Civil a un magistrado que desde hace más de 20 años no ha conocido procesos de ese orden jurisdiccional, y que había pedido su adscripción a la Sala 2ª, de lo Penal, orden en el ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional, incluyendo la presidencia de un órgano tan relevante en este orden como es la Audiencia Nacional, y donde se ha destacado con numerosas y valiosas publicaciones. Ni siquiera ha sido tenida en cuenta la opinión unánime de todos y cada uno de los magistrados de la Sala de lo Penal y del Presidente de la Sala de lo Civil a la que se le adscribe. Es una decisión arbitraria, que debería ser urgentemente reconsiderada.
Esta actitud incide en lo que ya sucedió con ocasión de los primeros nombramientos llevados a cabo por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los que estaba el de nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Una vez más se puso de manifiesto la arbitrariedad con que la APM actúa en el Consejo General, en el que también ostenta la mayoría de los miembros de procedencia judicial, al premiar con el puesto a un candidato que forma parte de su Junta directiva, con poco más de diez años de antigüedad en la Carrera Judicial, sin experiencia en órganos colegiados y sin que se hayan hecho públicos méritos docentes o científicos. El candidato de la APM se ha impuesto a un magistrado de Jueces para la Democracia, Luciano Varela, que ingresó en la judicatura hace casi 25 años, que preside desde hace años una de las secciones de la Audiencia de Pontevedra, con una trayectoria profesional incuestionable y experiencia docente .
Desde el Secretariado de Jueces para la Democracia reclamamos nuevamente la necesidad de motivar todos y cada uno de los nombramientos, dando trasparencia a la actuación del Consejo de modo que puedan conocerse los méritos reales de las personas designadas para cargos de responsabilidad.
El Secretariado de JUECES PARA LA DEMOCRACIA
A 11 de diciembre de 2001