En el mes de Abril del pasado año se celebró en Santa Cruz de La Palma el primer encuentro canario de Jueces para la Democracia bajo el lema “Justicia en Canarias: un compromiso inaplazable”. Allí se abordó la problemática de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad, llegando a la conclusión de que la situación en la que se encontraban los órganos judiciales era insostenible para dar una respuesta ágil y eficaz a las peticiones de los ciudadanos.

Al cabo de un año, y estando en ciernes el denominado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, la situación no ha cambiado sino más bien se ha agravado con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las instituciones competentes no han tomado puntual nota de nuestra preocupación, limitándose a dotar a los órganos civiles de los medios técnicos necesarios para la reproducción de la imagen y el sonido, sin ahondar en la verdadera raíz del problema.

La sección territorial de Jueces para la Democracia en Canarias considera que, para evitar que se deteriore aún más la actual situación, se hace necesaria la adopción inmediata de una serie de medidas, entre las que destacamos por su urgencia las siguientes:

  1. Construcción de nuevos edificios que alberguen las sedes judiciales y, en su caso, mejora de los ya existentes. Instalaciones que deberán contar con una racional distribución y con los adelantos técnicos que se precisen, haciendo las oportunas previsiones de cara al futuro.
  2. Reestructuración de las funciones encomendadas al personal que está al servicio de la Administración de Justicia, de manera que su labor acerque eficazmente la actividad jurisdiccional a los ciudadanos y ayude a mejorar este servicio público en el marco de las peculiaridades que nos son propias.
  3. Adecuación del mapa judicial a las características propias de este territorio con el fin de ajustar su organización a la gran carga de trabajo que se soporta. Para ello deberán crear más órganos.
  4. Poner fin al conjunto paso de titulares que vienen destinados a esta Comunidad, mediante un incentivo económico que haga más atractiva su permanencia en este archipiélago (cuidando especialmente a aquellos compañeros/as que desempeñan su función en las Islas no capitalinas)
  5. Dotar a los órganos judiciales que atienden preferentemente asuntos relacionados con los menores de equipos técnicos, integrados por profesionales especializados, y de instrumentos complementarios aptos para paliar la conflictividad existente en este ámbito

Todo lo cual contribuirá a mejorar y poner fin al déficit crónico de recursos humanos y materiales que padece la Administración de Justicia en Canarias, interesando que esta genérica propuesta se haga llegar a las instituciones competentes, sin perjuicio de su ulterior concreción en el contexto de las ambiciosas reformas que para la Justicia se pretenden con el Pacto de Estado recientemente firmado.