El último ascenso forzoso de jueces a la condición de magistrado, caracterizado por la falta de claridad del CGPJ en las razones por las que, previamente, algunas plazas servidas por jueces se convierten en plaza de magistrado, cómo se admite a quien previamente había renunciado, la falta de publicidad en los acuerdos que lo deciden y de las razones por las que unas plazas se ofertan y otras no, ponen en evidencia lo que Jueces para la Democracia vienen denunciado desde hace tiempo: el absurdo de la división de categoría de juez y magistrado
Esta decisión ha generado una justicia de segunda clase, la que se ofrece en pequeñas localidades a las que están abocados los jueces de ingreso, que siempre cubren esos juzgados, pues cuando adquieren experiencia suficiente son ascendidos a la condición de magistrado. Los ciudadanos de los pueblos y localidades de menor tamaño no tienen que padecer que sus juzgados siempre sean servidos por jueces en fase de formación, que cuando alcanzan cierto grado de experiencia, son trasladados a grandes ciudades para actuar como magistrados
Además, el traslado forzoso crea situaciones de provisionalidad. Unos jueces son trasladados a CCAA en las que no tienen arraigo, y otros que quieren ir a ellas, tienen que dirigirse a otras diferentes. A los dos años, cuando cesa la prohibición de solicitar traslado, piden el retorno al destino que deseaban, con lo que fracasa el efecto perseguido, es decir, que se cubran ciertos destinos poco solicitados
Por último, el ascenso forzoso genera un fuerte desarraigo familiar y social de los jueces, que al ver apartados de su entorno y familia, viven esta situación de forma traumática, casi como un castigo, de modo que afrontan su estancia en el juzgado de “ascenso” con una sensación de interinidad nada positiva para la gestión de la oficina judicial.
El pasado mes de Mayo el Secretariado de Jueces para la Democracia volvía a dirigirse al CGPJ, por enésima vez, para reclamar transparencia y claridad en la gestión de las promociones a magistrado. En ese mismo sentido, y para evitar que tal situación se reitere, el XVI congreso de jueces para la Democracia reclama:
- Que se cubran todas las vacantes judiciales, convocando plazas suficientes para atender las necesidades existentes
- Que no se dificulte ni se renuncia al acceso a la carrera judicial por los llamados “tercer” y “cuarto” turno, que permiten la incorporación de juristas con amplia experiencia laboral
- Que se unifiquen las categorías de juez y magistrado, sin prejuicio de que algunos órganos jurisdiccionales, como sucede ahora con ciertos destinos, sólo puedan ser atendidos por jueces con una experiencia mínima, lo que no puede suponer que quien la alcance sea obligatoriamente desarraigado de su plaza
- Mientras se alcanza este objetivo, se propone la supresión del ascenso forzoso, de modo que los jueces con más de tres años de antigüedad puedan optar a las plazas servidas por magistrados que hayan quedado desiertas tras sus concursos de traslado.
Edmundo Rodríguez Achútegui