COMUNICADO: EXTRANJEROS SIN DERECHOS
El Ministerio del Interior acordó ayer la expulsión inmediata de treinta y seis inmigrantes magrebís que fueron detenidos en Mijas hacinados en el interior de una furgoneta. Con ello se han vulnerando varios preceptos de la vigente Ley de Extranjería:
1) Se les ha aplicado la figura del retorno como si se tratara de extranjeros detenidos en la frontera, a pesar de haber sido detenidos a varios kilómetros de la misma y a pesar de que algunos de ellos manifestaron que llevaban varios días en España.
2) Aun en el caso de admitir la legalidad del expediente de retorno para los que circulan en camiones-patera sin haber pasado el control de frontera, en el presente caso se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa jurídica, al no haberse efectuado el trámite de audiencia con asistencia letrada, prevista para todas las personas a las que se las obliga a salir del territorio nacional cualquiera que sea la vía administrativa adoptada.
3) Al primar la devolución automática frente a la investigación penal del delito de tráfico de mano de obra ilegal -ahora delito grave con pena de hasta cinco años y multa de seis a doce meses-, se ha impedido que puedan prestar declaración ante el Juez Instructor, el Ministerio Fiscal y el Abogado del por ahora único imputado, a fin de que como prueba preconstituida, su interrogatorio pueda constituir prueba válida en el juicio oral.
4) Tampoco se les ha reconocido a dichas personas la más mínima posibilidad de acogerse al art. 50 de la ley de Extranjería, que permite que las víctimas perjudicadas por delitos de tráfico ilícito de seres humanos e inmigración ilegal puedan denunciar los hechos y colaborar en la investigación contra las mafias organizadas, quedando exentos en estos casos de responsabilidad administrativa y gozando del derecho a no ser expulsados.
Esta actuación administrativa pone en cuestión el Estado de Derecho, y contradice las declaraciones de responsables gubernamentales en el objetivo de combatir las redes de explotación, tanto de importación ilegal de mano de obra, como de su colocación y contratación. Es por ello que solicitamos la inmediata intervención del Fiscal General del Estado para que en defensa de la legalidad:
- a) Ejerza las acciones legales pertinentes derivadas de la vulneración de los derechos legales descritos.
- b) Ejerza, si a ello hubiere lugar, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución administrativa de retorno que no ha podido ser objeto de recurso administrativo o judicial previo.
Barcelona, a 22 Junio 2000.
EL SECRETARIADO
JUECES PARA LA DEMOCRACIA