En relación con la situación planteada en Marbella como consecuencia de diversas actuaciones judiciales, JpD quiere hacer llegar a la opinión pública su posición.
En primer lugar, recordar que la presunción de inocencia ampara a todas aquellas personas sospechosas de corrupción, cuyos nombres se airean estos días en los medios de comunicación.
Dicho esto, consideramos insoportable para la ciudadanía el clima de desconfianza que se cierne sobre la Administración de Justicia en Marbella. Por ello es imprescindible que cuanto antes se despejen las incógnitas actualmente planteadas. Ello exige que por el Servicio de Inspección se investigue exhaustivamente la situación de los Magistrados que tienen o hayan podido tener vinculaciones directas o indirectas laborales o mercantiles, con el Ayuntamiento de dicha ciudad, con empresas municipales o con sociedades en las que tiene intereses económicos su Alcalde. A estos efectos, debe desplegarse la mayor energía, y actuarse con la mayor rapidez, en la depuración de las responsabilidades disciplinarias de aquellos jueces y magistrados que hayan conculcado el deber de abstención que impone el art. 219.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (tener interés directo o indirecto en el pleito) en relación con el artículo 417.8, que tipifica como falta muy grave el deber de abstención.
Con el mismo énfasis pedimos que las investigaciones penales tengan el rigor y la seriedad necesarios para evitar los cerramientos en falso que, por desgracia, se han producido anteriormente.
Con independencia de ello, nos parece de una elemental prudencia que se suspenda toda relación institucional del Consejo General del Poder Judicial, o de cualquiera de los órganos de gobierno del mismo (Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial) con el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Marbella; en particular, debería evitarse la participación de miembros de la Judicatura en la conocida «Semana Jurídica» patrocinada por dicho Ayuntamiento.
En esta situación, JpD no puede sino mostrar su decidido apoyo a las instituciones democráticas, a la Fiscalía y al CGPJ, que actualmente intentan determinar, la primera a través de la Fiscalía Anticorrupción, el segundo a través de la Inspección, lo que pueda haber de cierto en las denuncias presentadas hasta el momento.
Son inaceptables, y más si provienen de personas que ostentan cargos públicos, los insultos y las descalificaciones personales vertidas sobre jueces y fiscales que se limitan, seguramente en un ambiente poco propicio, a hacer su trabajo lo mejor que pueden. Dichos insultos y descalificaciones no pueden acogerse al derecho de crítica, ni siquiera al más generosamente entendido, y suponen un proceder que sólo busca convertir a los acusadores en acusados y, en definitiva, emponzoñar la convivencia.
En una situación como ésta, quienes como simples funcionarios -que sólo sirven a la sociedad y a las instituciones- ven por Ley limitadas sus posibilidades de expresión y de defensa, tienen el derecho al menos de esperar el respaldo activo de esa sociedad y esas instituciones, muy particularmente de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 30 de Junio de 1.999