JUECES para la DEMOCRACIA, conocidas las últimas declaraciones del Sr. Gil, tanto en prensa escrita, como en las radios Ser y Nacional, contra el Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 7 de Marbella, Santiago Torres, así como el Fiscal-Jefe de la Fiscalía anticorrupción, Jimenez Villarejo, considera que dichas declaraciones suponen un ataque a un miembro del Poder Judicial, en el legítimo ejercicio de la función jurisdiccional, y un ataque a la función investigadora del Ministerio Fiscal, que excede en mucho al legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
La Constitución ha confiado a los Jueces la solución de todos los conflictos mediante la aplicación de la Ley. Si un ciudadano cree injusta una resolución judicial que le afecta, tiene todo el derecho a ejercer el derecho a los pertinentes recursos, así como el derecho a la crítica pública, siempre que esta se ejerza con el debido respeto que merece la dignidad de todas las personas, así como de la función jurisdiccional, y con los límites que establece el Código Penal, es decir, sin proferir frases injuriosas o calumniosas.
Es falso que el Magistrado Sr. Torres fuera expulsado de Barcelona y trasladado a Marbella como afirma el Sr. Gil. El Sr. Torres cuando finalizó su mandato como Decano, optó por su derecho legal a elegir plaza en el primer concurso público que convocó el CGPJ, y por orden de estricta antigüedad en el escalafón, se le otorgó la plaza por el solicitada.
Jueces para la Democracia ha defendido y defenderá siempre la independencia judicial frente a cualquier ataque que pretenda vulnerarla, por ser éste un principio constitucional, que constituye la mayor garantía para los derechos de los justiciables.
Madrid, 13 de Noviembre de 1.998
SECRETARIADO
JUECES para la DEMOCRACIA