En Guatemala, esa herida sangrante de Centro América, se ha cometido un nuevo asesinato: el del Obispo Juan Gerardi, encargado de la oficina de Derechos Humanos dependiente del Arzobispado de Guatemala. Como tal, su tarea era la Recuperación Histórica de Guatemala. Esa memoria histórica reciente y terrible que supera ampliamente el millón de víctimas, en los 36 años que ha durado el conflicto armado, en un país que no alcanza los 10 millones de habitantes.

El 29 de diciembre de 1996, concluyeron las conversaciones de Paz iniciadas años atrás, poco a poco, con la firma de acuerdos parciales. Dos de ellos fundamentales para el inicio de la frágil y esperanzada construcción de la Paz, uno es el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones de los Derechos Humanos y hechos de Violencia que han causado sufrimiento a la Población de Guatemala, firmado en Oslo el 23 de junio de 1994, por representantes del Gobierno, de la Guerrilla y de Naciones Unidas. Dentro de este marco se incardina el informe de Juan Gerardi recogía 55.000 denuncias y se atribuía al ejército y a las organizaciones paramilitares el 79,2 % de las víctimas de la contienda. Esta muerte tiene una clara razón de ser: evitar el conocimiento de la verdad y tras ella impedir el ejercicio de la justicia, para continuar la situación de Impunidad.

Jueces para la Democracia, desde el firme convencimiento de que sin Justicia no puede haber Paz, ni protección de los Derechos Humanos, ni en definitiva un Estado de Derecho que de contenido estructural a la Democracia aparente que sigue siendo la guatemalteca, exige que para el efectivo cumplimiento del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el otro puntual de los acuerdos de Paz, firmado en Oslo el 29 de marzo de 1994, se cumpla efectivamente el apartado tercero del mismo «De compromiso y lucha contra la Impunidad», y en consecuencia se produzcan las reformas legislativas no abordadas, con total urgencia, así como el fortalecimiento del poder civil y en especial de la Administración de Justicia, que lleve al castigo de las personas que han permitido el terror y el genocidio en Guatemala.

Madrid, 29 de Abril de 1.998

JUECES PARA LA DEMOCRACIA