Jueces para la Democracia entiende -y así lo ha venido practicando- que las actuaciones judiciales procesalmente correctas se defienden por sí mismas. En tal sentido, forma parte del oficio del juez asumir con serenidad las críticas, incluso injustificadas, que puedan dirigírsele. Máxime cuando el suyo es un tipo de trabajo que necesariamente ha de operar en situaciones de conflicto.
Determinadas incidencias del llamado «caso Naseiro» hacen que esté resultando paradigmático a este respecto. Por eso, el Juez Manglano no precisa defensa. Porque su actuación, que naturalmente podrá discutirse, expresa una opción legal y como tal debe respetarse.
Sin embargo, si resulta preciso llamar la atención sobre ciertas actitudes producidas en torno a este caso, de las que se han hecho eco determinados medios de comunicación.
Algunos celosos cultivadores de la doble moral social y política, jugadores de ventaja, han reclamado un también doble metro procesal, demostrando que no pueden soportar la idea de ocupar dentro del sistema, también del sistema penal, otra posición que la de beneficiarios. De ahí su resolución y audacia para la calumnia y su desprecio por los instrumentos legales, que evidencian bien a las claras, cómo dentro de su lógica, habían sido pensados para o, más precisamente, contra otros.
Con ello, han ilustrado a la vez acerca de cuál es su idea de la independencia judicial, de la que como no podía ser menos tienen también un sentido claramente patrimonial: el límite de la independencia de los jueces no lo marcan la Constitución y la Ley, sino los intereses que ellos administran o representan.
En esas tomas de posición insolidarias, de las que está ausente cualquier virtud cívica, brilla sin embargo la coherencia. En efecto, cuando la cosa pública se concibe como objeto de comercio y se piensa el Estado también como mercado para estar en él en condiciones de ventaja, una actuación judicial como la que tanto les crispa no puede dejar de ser intolerable.
Pero el jaez de las «razones» esgrimidas es la mejor prueba de hasta qué punto carecen de razón. El «caso Naseiro» no puede convertirse aunque lo quieran en el «caso Manglano». Ni el humo difundido en el intento puede ocultar a los ciudadanos de este país lo que se ha hecho evidente: que la delincuencia de los negocios ha contaminado grávemente algunos sectores de la actividad político-administrativa y que frente a ésto ninguna institución estatal que responda al principio de legalidad y ninguna conciencia democrática puede permanecer indiferente.
Con todo, Jueces para la Democracia que ha expresado tantas veces sus reservas frente al modelo procesal vigente y reclamado con insistencia una profundización del régimen de garantías más acorde con la Constitución, reitera ahora esta propuesta. También a quienes hasta la fecha habían dado muestras de ser partidarios de justamente todo lo contrario y para el improbable supuesto de que por una vez no sean sólo privilegios lo que buscan.
Al mismo tiempo, Jueces para la Democracia, considera imprescindible llamar la atención sobre la importancia y la necesidad de que la investigación de las conductas criminales se lleve a cabo en condiciones de independencia, como las que garantiza el estatuto del Juez de Instrucción, única forma de hacer posible el difícil principio de igualdad en el ejercicio de la acción penal.
Madrid, 5 de Mayo de 1.990
EL SECRETARIADO