De nuevo, en lo que parece ser una preocupante escalada, el Gobierno dá un paso más hacia el fortalecimiento de zonas de inmunidad para la actividad de la policía frente al control judicial. Ahora en razón del particular régimen contable de unos fondos «reservados», cuyo uso, aún cuando pudiera haber sido delictivo, estaría por encima del Código Penal, a juzgar por las manifestaciones del Ministro del Interior.
Esta pretensión, como la del mismo Barrionuevo de hallarse amparado por una suerte de «secreto profesional», al convertir a los gestores de la democracia en incontrolables «profesionales del secreto», pone bajo sospecha a fundamentales instituciones del Estado, que debieran ejercer la transparencia como norma de actuación, y reduce el papel de la justicia a función servil, precisamente allí donde la naturaleza del poder que se ejerce demanda mayor control.
Por ello, Jueces para la Democracia reclama de los altos responsables de tal actitud una inmediata reconsideración. Y urge al Consejo General del Poder Judicial para que precisamente por la importancia que reconoce a los hechos condene con la necesaria claridad y contundencia lo que constituye una gravísima obstrucción al ejercicio de la jurisdicción.
Madrid, 30 de Junio de 1.988
EL SECRETARIADO