Carlos LOPEZ KELLER

 Son muchos los que identifican la independencia judicial con la honestidad personal del juez; pocos, en cambio, los que la relacionan con su rebeldía. Sólo los ingenuos creen que el principal ataque a la independencia viene de la llamada telefónica, del amigo o de la recomendación, cuando lo cierto es que esto es una manera de actuar primitiva e individualizada, que no puede competir en eficacia con las actuaciones globales.

No es el tema de ahora el de los ataques provenientes del campo de la política y propios de regímenes totalitarios, como los sistemas de gobernación por medio de Decretos-Ley, de sustracción de competencias o de creación de tribunales especiales; es a los peligros que acechan desde la sociedad a los que quiero referirme.

El juez no puede ni debe sustraerse, en el ejercicio de su función, de sus propias convicciones, de sus experiencias e ideología: esto es así, y es positivo que ello se refleje en sus resoluciones, porque es la propia vida de la sociedad la que alienta en esos valores (dentro del respeto al principio de legalidad, aunque alguna vez habría que tratar con valentía el tema de las relaciones entre principio de legalidad e interpretación de la ley); pero cuando la inmensa mayoría de los jueces de un país provienen de un mismo entorno y similar clase social, no cabe duda de que la jerarquía de valores imperante en ellos está sobrerrepresentada en la Justicia, y en este sentido, salvada la honradez de cada juez, forzosamente habrá que concluir que el aparato no es imparcial.

Es, en efecto, nefasta una Justicia socialmente monocolor, y lo es porque salvando honestidades personales, produce resultados distorsionados. Se ha dicho en la Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español que el banquillo de los acusados es el banquillo del proletariado y que la jurisdicción criminal recae de manera ampliamente mayoritariamente sobre colectivos marginales, y esto no es una opinión personal, sino un hecho objetivo e incontestable. ¿Es, entonces, que una clase social determinada delinque más que otras? Sostenerlo bordea posiciones racistas, a menos que esa mayor incidencia sea propiciada por causas ajenas a los propios colectivos.

¿O bien será que la Administración de Justicia sufre de manipulación inconscientemente? Parece inevitable recordar la frase clásica: «La burguesía no

compra a los jueces; los hace.»

Ciertamente, y sin olvidar las limitaciones dimanantes del sistema acusatorio, la ideología generalizada de los jueces no parece ajena al problema. ¿Cómo exigirles una especial preocupación ante maniobras atinentes a la seguridad en el trabajo, o a la estabilidad (o inestabilidad) en el empleo, que normalmente no han vivido en sus familias, ni por supuesto, en sí mismos? Nada saben de los abusos sobre los trabajadores, ni de los sudores y estrecheces de los pequeños empresarios. Ni acaban de comprender la gravedad de los atentados ecológicos, que parecen no afectarles y para los que nunca fueron sensibilizados. Sentirán, en cambio, y comprenderán la triste situación de una calle castigada por la inseguridad, o de una carretera peligrosa, porque estas son las cuestiones que, sobre poder alcanzarles personalmente, se hablan y comentan en los círculos sociales en que se mueven.

Tenderán por tanto, ya nivel personal su decisión será intachable, a derivar tales cuestiones hacia la jurisdicción civil, o laboral, por entender que son reclamaciones económicas a ventilar entre partes, cosa que jamás se les ocurriría hacer, por ejemplo, con un cheque sin fondo, donde este aspecto es mucho más tangible.

Si al mismo tiempo, desde los órganos directivos se practica una política de aritmética parvularia, donde lo único que prima en el expediente personal es el número de asuntos terminados en el año anterior, y el principal demérito, el de los que restan pendientes, se está empujando subliminarmente a los jueces hacia una actitud de rechazo sobre la averiguación de complejas actividades delictivas, de las que nuestro país no anda escaso.

De hecho, el juez que está admitiendo a trámite, como así debe de hacer, todo atestado o denuncia que viene vía Policía judicial, adopta inmediatamente una actitud de prevención ante la querella por un complicado delito económico, laboral, ecológico o funcionarial, que no acaba de asumir, para cuya investigación carece de medios, y tal vez de imaginación, y que, para colmo, le va a consumir el precioso tiempo que necesita para dedicar a los numerosos asuntos que están en lista de espera. Se enfrenta a aquella con una postura indiscutible de prejuicio: si es honrado, y cualquiera que sea su decisión, lo vencerá: pero, por de pronto, tiene que vencerlo.

La sociedad burguesa es consciente de todo esto; y con la inaprehensibilidad propia de toda conducta colectiva, trata de captar para sí a los jueces: conviene que el juez vista como la gente bien, trabaje como la gente bien, viva y se divierta donde y como la gente bien; porque así pensará como la gente bien.

Al mismo tiempo, el Poder comprende que el juez que tenga que detener su atención en muchos asuntos urgentes por resolver, no se meterá con los necesarios.

En la medida en que el colectivo judicial sufra estas presiones sin darse cuenta de la solicitación que en ellas se esconde, su independencia estará en peligro.