Luciano VARELA CASTRO 

Organización y funcionamiento

En la primera reunión se decidió la estructuración en tantas secretarías como componentes. Las secretarías se refirieron a los siguientes campos de actuación: Organización (G. Thomas), Relaciones externas (P. Andrés), Relaciones institucionales (M. Carmena), Acción sindical (J. Martínez Lázaro), Tesorería (A. Nebot), Coordinación (L. Varela) y Portavoz (J. A. Belloch). En la misma reunión inicial se decidió convocar al Comité Permanente y proponer al mismo la formación de diversas comisiones de trabajo. Estas habrían de ocuparse de la ejecución de los acuerdos más significativos de los aprobados en el anterior Congreso. Comité Permanente. Su primera reunión tuvo lugar el día 15 de marzo de 1986; En ella se aceptó la propuesta del Secretariado. En consecuencia se formaron seis comisiones de trabajo (agilización de modos de proceder, situación de las prisiones, seguimiento de la aplicación de leyes restrictivas de derechos, aplicación del marco legal en relación con la disponibilidad de la policía judicial, relaciones con la sociedad y corrupción en la Administración de Justicia). El propósito era procurar la mayor participación posible de los afiliados, confiriendo autonomía a las comisiones, sin perjuicio de las decisiones que correspondían al Comité Permanente. En una inicial valoración, ha de reconocerse que el funcionamiento de estas comisiones resultó menos fluido y eficaz de lo que se deseaba. Entre las causas puede señalarse la evidente dificultad de coordinación de los integrantes de las mismas por razón de la dispersión geográfica de sus destinos. También el error en la asignación de algunos objetivos (seguimiento de la aplicación de leyes restrictivas de derechos o aplicación del marco legal de disponibilidad de la policía judicial) al método operativo propio de esas comisiones. V, asimismo, la dedicación reclamada por otros objetivos que fueron surgiendo y que absorbieron la capacidad operativa ciertamente escasa del colectivo.

 

* Texto, elaborado por Luciano Varela Castro aprobado por el Secretariado por mayoría. que no fue sometido a votación por el Este decidió pronunciarse directamente sobre la gestión del Secretariado, que fue aprobada por mayoría.

 

Política Judicial  

El congreso había decidido instaurar entre los objetivos del colectivo la elaboración de sugerencias tendentes a la mejora del servicio judicial. A este fin obedecía la formación de algunas comisiones, como las relativas a los modos de proceder o a la corrupción.

 La Inmediación

 El anterior Congreso había subrayado el protagonismo de la inmediación judicial en la transformación cualitativa de la actuación del aparato jurisdiccional. En cuantas ocasiones fue posible Jueces para la Democracia ha venido demandando su efectiva vigencia. V, por ello, la derogación de cuantos obstáculos puedan servir de falsa coartada para su inobservancia. La reunión del Comité Permanente de enero de 1987 aprobó un texto en el que se reitera esa posición del colectivo. La discusión sobre los proyectos de horario o reglamentos de personal auxiliar, así como la ley de planta fueron nuevas ocasiones para procurar la funcionalización de las medidas a ese objetivo. Muy especialmente las jornadas sobre corrupción y la Asamblea de gentes del Derecho recogieron las opiniones de Jueces para la Democracia al respecto. También en la reunión de la primavera de 1986 en San Sebastián con otros colectivos. (UPF, Confederación de agrupaciones de Abogados Jóvenes y Comisiones de Derechos Humanos).

 Las Jornadas sobre la corrupción

 Lograr la convocatoria de estas jornadas fue preocupación prioritaria. La resistencia tanto del Consejo como del Ministerio se hicieron evidentes hasta el extremo de provocar nuestra advertencia de no participación si no se abandonaba la actitud delicuescente de esas instituciones. Finalmente se optó por participar a pesar de las limitaciones impuestas, de todos conocidas, sobre la restricción en la participa- Congreso. la insonorización de los debates o la acumulación obstruccionista de temas.

La valoración de los resultados, transcurrido más de un año, no justifica triunfalismos. Ciertamente en esas jornadas encuentran su origen algunas actuaciones posteriores reclamadas por Jueces para la Democracia (en cuanto a la supresión de tasas, justificación de dietas por práctica de diligencias y, en general, limitación a la entrada de dinero en la oficina judicial). De mayor relieve e interés resulta, sin embargo, la incidencia en el estado de opinión sobre dicho problema. Los cambios de actitud en algunos Colegios Profesionales constituyen un éxito vinculable a esa iniciativa de Jueces para la Democracia. El rotundo fracaso de algunas movilizaciones, como los intentos de huelgas de celo convocados por el Sindicato Libre de la Administración de Justicia, tampoco cabe desvincularlo del cambio operado en la opinión pública.

No obstante los Poderes del Estado no demostraron voluntad política suficiente para incidir en las causas estructurales hasta la saciedad puestas de manifiesto en las jornadas. En el Consejo no se logró otro eco que la aprobación de una tímida propuesta de tres consejeros. Se limita a proclamar las virtudes de la inmediación en la actuación jurisdiccional -aspecto que Jueces para la Democracia viene resaltando con énfasis- pero no lleva a cabo la más mínima actuación efectiva. En especial elude toda drástica opción por esa garantía en sus hipotéticos conflictos con otros objetivos, como el de la eficacia, en clara divergencia con la jerarquización ya establecida en alguna sentencia del Tribunal Constitucional. Pero con prudencia muy grata, sin duda, para el poder Ejecutivo a quien, de otra suerte, habrían de acuciar demandas sociales bien incómodas, de apostar decididamente el Consejo por el efectivo respeto a tal elemental garantía. La sensibilidad quizás, menos eufemísticamente, la incapacidad- del Ejecutivo para ejecutar las propuestas de las jornadas hace que los resultados de éstas queden -¿por el momento?- aplazados. Y, por ello, constituyendo todavía una prioridad para Jueces para la Democracia.

 La justicia tiene solución

 Desde principios del año 1987 se proyecta un encuentro con colectivos de gentes del Derecho progresistas para la convocatoria de una Asamblea en la que fuese posible una reflexión pública sobre las propuestas posibles en relación con la Administración de Justicia. El primer encuentro tuvo lugar el 25 de abril. Desde ese momento inicial Jueces para la Democracia participa activamente en la elaboración de materiales de discusión y en la organización misma de la Asamblea, celebrada por fin en el mes de noviembre.

La notoriedad del éxito de estas jornadas ahorra extenderse en este lugar sobre el desarrollo y eco de las mismas.

Dos aspectos, sin embargo, merecen ser destacados. Por un lado, que resultado inacabado de la Asamblea es la elaboración de criterios para la formulación de una propuesta de ley sobre medidas urgentes para la Administración de Justicia. Dicha propuesta habrá de exponerse a la opinión pública iniciando una campaña de recogida de firmas que permita su sometimiento a referéndum. Una vez más se tratará así de remedar la demostrada incapacidad del Ejecutivo para proponer un programa mínimamente esperanzador.

Pero, por otro lado, la Asamblea constituyó una demostración de la fertilidad de la colaboración en la reflexión y en la acción con otros colectivos. Aquella debe ser, pues, el punto de partida para proyectos más ambiciosos y permanentes.

 Informes y propuestas en relación con el servicio judicial

 Preocupación constante del Secretariado ha sido la de procurar el conocimiento, con suficiente antelación, de los diversos proyectos de resoluciones o disposiciones con incidencia en el servicio judicial. No siempre logrado. Cuando se dispuso de dichos proyectos se elaboraron los correspondientes informes.

 Reglamento de personal auxiliar de la Administración de Justicia

 El Secretariado propuso al Comité Permanente -reunido el 15 de marzo de 1986- el rechazo global del proyecto de Reglamento del personal auxiliar. En dicho informe, que fue aprobado por el Comité Permanente, se constata que la L.O.P.J. supuso, en lo que a este aspecto se refiere, una hipoteca de la reforma progresiva de la oficina judicial. Dado que la adecuada configuración de ésta ha de ser previa, se propuso la retirada del proyecto. Al tiempo se denunció la caótica política de personal que estaba llevando (mejor no llevando) a cabo el Ministerio. En una situación, etiquetable, por mero rigor de descripción, de caótica, en la que coexistían, en excesiva proliferación, interinos, sustitutos y meritorios, de forma no siempre aceptable sin reticencias como regular, la única propuesta razonable era la de inmediata convocatoria de la totalidad de plazas vacantes y la adopción de una política de comisiones de servicios que permitiera resolver situaciones concretas de atasco y otras.

En esa situación las minuciosas disposiciones del reglamento proyectado carentes del referente seguro de un diseño adecuado de oficina judicial y alejado de criterios de mínima solvencia en lo procesal no hacía sino introducir un nuevo factor de disfuncionalidad. La posterior consumación del mal denunciado mediante la aprobación del Reglamento vino a confirmar la advertencia de Jueces para la Democracia.

Aun cuando en lo que se refiere a la cobertura de plazas de personal auxiliares las diversas convocatorias de oposiciones y concursos paliaron en alguna medida la situación, se está muy lejos de alcanzar niveles óptimos. Especialmente lamentable es la falta de agilidad operativa del Ministerio, cuando no la falta de tino. Como al provocar masivos desplazamientos de personal hacia puestos de trabajo (otra de las «revoluciones semánticas» del reglamento) y centros de trabajo, en los que el exceso de éste no era su nota características, aunque su retribución inexplicablemente más generosa.

 El horario

 Debatidos los criterios en la reunión del Comité Permanente de 10 de enero de 1987, y nuevamente en la reunión de 9 de mayo, se elaboró un informe por el Secretariado a la propuesta de regulación del horario remitida por el Consejo.

En dicho informe, sin perjuicio de admitir que la diversidad de destinos de Jueces y Magistrados exigía diversidad de planteamientos, se estima que la regulación del horario debe alcanzar también a los Jueces y Magistrados.

Aún más, se ponía de manifiesto que, precisamente, el horario era una garantía del funcionario frente a cláusulas tan elásticas como las insertadas en la L.O.P.J. para demandar una inacabada disponibilidad del funcionario a la medida de las necesidades del servicio.

 Reglamento del Secretariado

 Al igual que en relación al reglamento del resto del personal auxiliar, también mostramos nuestra disconformidad con la regulación reglamentaria de los secretarios judiciales, rechazando globalmente el proyecto sin entrar en consideraciones de aspectos concretos.

La no publicación al día de hoy de este reglamento, no obstante, parece deberse más a la notoria incapacidad del Ministerio de Justicia para rechazar algunas presiones corporativas y ~ su falta de modelo definido de cual deba ser esa función que a la propuesta de Jueces para la Democracia.

 Regulaciones de depósitos judiciales y creación de órganos desconcentrados del Ministerio para la gestión de medios

 Los proyectos, facilitados por el Ministerio, fueron difundidos en el mes de junio del pasado año entre los compañeros. Estos proyectos respondían a una necesidad ya puesta de manifiesto con ocasión de las jornadas sobre corrupción, en cuyo momento expusimos hasta la saciedad nuestro criterio, así como en los diversos contactos con el Ministerio.

 Ley de planta y Demarcación Una vez en poder del Secretariado el proyecto se realizó un esfuerzo de difusión entre los afiliados a fin de recibir el máximo de sugerencias· posibles. Se convocó al Comité Permanente que elaboró el informe ya conocido por haber sido publicado en nuestra Revista.

En el informe se vuelven a exponer criterios de Jueces para la Democracia ya manifestados con anterioridad y, desafortunadamente, no reflejados en el proyecto. Cabe destacar la opinión contraria al mantenimiento de la Audiencia Nacional o al cercenamiento de las competencias del Consejo General o a la regresión de los avances que, en la configuración autonómica del Estado, habían sido logrados por los Estatutos de Autonomía. Se denuncia la cicatería en la implantación de algunos órganos jurisdiccionales esenciales para la tutela judicial de intereses en cuya defensa siempre ha destacado Jueces para la Democracia: Juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria, así como, también, Juzgados de lo Contencioso. Especial repulsa mereció el tratamiento de la Justicia de Paz. También fue ocasión este informe para recordar la postura contraria de Jueces para la Democracia a la vinculación entre categoría personal del funcionario judicial y desempeño de determinadas funciones o destinos judiciales. Para la reclamación de algunas reivindicaciones profesionales, como la de postular la inexistencia de partidos judiciales con un solo titular que demandan una disponibilidad permanente del funcionario, sin perjuicio de inevitables excepciones. Finalmente cabe destacar del informe la denuncia de la ausencia de un verdadero compromiso político de implantación lo suficientemente concreto para posibilitar un efectivo control.

 Policía judicial

 Con una cierta precipitación, por la premura de tiempo concedido para informar, el Comité Permanente estudió el proyecto de regulación de la policía judicial en su reunión de enero de 1987. Tras constatar que el proyecto no respondía a las exigencias reiteradamente expuestas por Jueces para la Democracia, se manifestó una actitud de colaboración en su discusión, primero, y en su aplicación, después. Entre los aspectos objeto de informe destacaron las referencias a la necesaria vinculación con las policías autonómicas y locales, la garantía efectiva de inamovilidad de los funcionarios de policía judicial más allá del acotamiento temporal al caso concreto, y de que se subrayase el protagonismo del órgano judicial en las resoluciones disciplinarias que afecten al funcionario judicial, la necesidad de garantizar la exclusividad en la dedicación a las funciones de policía judicial con exclusión de vagas cláusulas que permitieran distraer a dichos funcionarios a dedicaciones ajenas a lo jurisdiccional, la conveniencia de asegurar la intervención del Poder Judicial en la designación de los mandos orgánicos de la policía judicial, la oposición a previsiones de intervención del Ministerio Fiscal que respondían a una no manifestada voluntad de instaurar procesos paralelos a los jurisdiccionales. En el debate del Comité Permanente se cuestionó la pertinencia de la previsión de instaurar las Juntas mixtas. En todo caso se entendió que debería tener más protagonismo en las mismas los integrantes del Poder Judicial. Posteriormente una comisión del Comité Permanente expuso al Ministro de Justicia esas conclusiones. No parece excesiva una cierta satisfacción por la recepción, aunque escasa, a algunas de nuestras propuestas.

 Otros objetivos del programa de actividades

 La vigencia de la legislación excepcional en relación con el terrorismo ha ocasionado situaciones que provocaron diversas intervenciones del Secretariado. Ya en su primera reunión el Comité Permanente conoció una propuesta del Secretariado en relación con la sentencia dictada en el denominado “caso Ballesteros». En el acuerdo, hecho público, se denunciaba la actitud del Ministerio Fiscal, y se rechazaban las ocultas razones de Estado con pretensión justificadora de la rebeldía del funcionario policial obstruyendo la investigación juridiccional. El Secretariado acordó apoyar y contribuir a la financiación de las jornadas que, coordinadas por Antonio Doñate, se desarrollaron en Cataluña sobre “Privación de libertad y derechos humanos». Se asignó un gasto de 500.000 pesetas.

En su reunión de septiembre de 1986 el Comité Permanente conoció la situación creada en relación con la actuación de una compañera en causa seguida por torturas en el mismo marco de la actuación policial antiterrorista. A dicha reunión asistió, por iniciativa del Secretariado, la citada compañera. El acuerdo adoptado, ampliamente difundido, recogía la descalificación de la intolerable actuación gubernamental apadrinado un abierto obstrucionismo a la investigación judicial. Ya entonces se tuvo ocasión de rechazar las histriónicas manifestaciones de algún responsable político del País Vasco.

Pronto la actuación de compañeros en el País Vasco en relación con las investigaciones referidas a la actuación policial les convirtió en objetivo, no sólo de los excesos verbales de aquél histriónico personajes político, sino de concretas amenazas. El Secretariado expresó su solidaridad con los compañeros afectados y convocó al Comité Permanente para celebrar su siguiente reunión en Bilbao, aunque posteriormente hubo de variarse por razones de operatividad el lugar de reunión.

En la reunión de enero de 1987 se volvió a reiterar, en acuerdo hecho público, la necesidad de poner fin al régimen de derogación de garantías básicas que supone la denominada ley antiterrorista. En todo momento de manifestó públicamente la oposición a las pretensiones de ampliación del fuero policial. Planteada por un compañero cuestión de constitucionalidad en relación con dicho fuero, se ha procurado la mayor difusión del texto de dicha cuestión. Una vez que se pronuncie el Tribunal Constitucional, será ocasión de valorar los resultados obtenidos.

Uno de los objetivos que no pudieron ser alcanzados fue el relativo a la situación de las prisiones. El ambicioso programa propuesto por el último Congreso exije una capacidad operativa de mayor entidad. En cualquier caso aquella situación debe convertirse en un motivo de permanente atención para ulteriores programas de actuación.

En materia de política criminal, determinadas actuaciones del aparato judicial y policial provocaron manifestaciones públicas reiterando la denuncia del gravísimo divorcio entre norma jurídica y realidad social que supone el mantener la actual forma de criminalización del aborto. (Secretariado de octubre/ 1986, Comité Permanente enero/1987, etc.).

 Defensa de los Intereses profesionales, Individuales y colectivos

 Desde el primer momento se abordó la defensa de intereses profesionales en algunas cuestiones concretas. Así en la reunión de julio de 1986 se elaboraron unos modelos de escritos, luego difundidos entre los afiliados, para reclamar la eliminación de los indebidos descuentos que venían practicando algunos habilitados o el reconocimiento del derecho o percibos de puntos en concepto de penosidad por los compañeros con destino en Juzgados mixtos. La elaboración de las bases para regular el Estatuto profesional del Juez constituyó un objetivo a cuyo fin el Secretariado encomendó a los compañeros de Valencia la elaboración de una ponencia que fue estudiada en la reunión del Comité Permanente de enero de 1987. Lo cierto es que la reflexión está aún inacabada. Lo que es incuestionable es la urgencia de su promulgación, el rango normativo, que demanda una ley orgánica, y la independencia judicial concebida como garantía del ciudadano como una de sus finalidades.

Aun con esa salvedad, y coetáneamente al planteamiento de esa inquietud a las instituciones, se procedió a debatir en el Secretariado la elaboración de lo que podría constituir una plataforma reivindicativa mínima y de urgencia. Al tiempo que se perfilaba la forma de su actuación.

En una estrategia inicial, pronto revelada ingenua, se optó por plantear en franco diálogo a las instituciones nuestras reivindicaciones. Así en el otoño de 1986 se remitieron sendas cartas al Presidente del Consejo y al Ministro de Justicia. Se sugería discutir sobre: participación institucional de las Asociaciones, régimen de retribuciones de jueces y magistrados, horario y jornada de trabajo y sistema de previsión social. Más adelante se valorarán los resultados de esta vía. Baste aquí la constancia de su absoluta falta de resultados.

Este fracaso -en resultados y en tiempo obligó a reconsiderar la estrategia adoptada. Tras informar al Comité Permanente en su reunión de mayo de 1987 de los contactos habidos, pronto se observa que estos no han tenido otro objetivo que el de la mera distracción. Por ello, al término de las vacaciones, se comienza por elaborar un programa reivindicativo de cuya ponencia se encarga Javier Martínez Lázaro. Se aprueba en la reunión de 3 de octubre, en la que también se decide suspender las reuniones que hasta ese momento se venían manteniendo tanto con el Ministerio como con el Consejo. Por otra parte se decide convocar a las demás asociaciones a mantener conversaciones tanto para la asunción del programa reivindicativo como para adoptar acuerdos de actuación conjunta para el logro de sus objetivos, respecto de la cual se descarta desde el primer momento el recurso a la denominada huelga de celo.

El Comité Permanente se reunió los días 6, 7 Y 8 de noviembre. La plataforma reivindicativa aprobada incluye: el reconocimiento a las Asociaciones del derecho a una efectiva negociación de cuantas disposiciones afecten a las condiciones de empleo y trabajo de los jueces y magistrados, adecuación del volumen de asuntos que se tramitan en los distintos órganos jurisdiccionales a las posibilidades de éstos de modo que se garanticen plenamente los principios de tutela jurídica, inmediación y celeridad en un marco de respeto a los derechos profesionales de jueces y magistrados, adecuación de las retribuciones a las reales condiciones de empleo de jueces y magistrados, sin perjuicio de que con carácter transitorio, se demande un incremento salarial inmediato, supresión de prórrogas de jurisdicción y de las sustituciones forzosas, procurando, al menos, su excepcionalidad y retribución mínima del 50 por 100 de lo que correspondería al titular, adecuación a la jornada de treinta y siete horas y media reconocida a los demás funcionarios, con descanso de dos días semanales y establecimiento de condiciones de empleo que permitan el acceso a la mejora de formación de jueces y magistrados. Iniciadas conversaciones con las demás Asociaciones, JpD propuso desde el primer momento la celebración de Asambleas en todos los territorios para discutir tanto la plataforma como las acciones a llevar a cabo. Pese al acuerdo inicial de los representantes de la APM, estos fueron luego desautorizados respondiendo con inaceptables propuestas de sustitución de las asambleas territoriales por reuniones de directivas cerradas a no afiliados. Por ello se acordó mantener conjuntamente con Francisco de Vitoria la convocatoria de asamblea en algún territorio para el día trece de noviembre.

Culminadas las vacaciones de invierno, en enero/ 1988 vuelve a reunirse el Secretariado. Nuevamente se invita a las asociaciones y en especial a la APM a reconsiderar la situación. Consecuencia de esa iniciativa es la celebración de la reunión de las tres ejecutivas y de la asunción por éstas de los planteamientos de JpD: se acepta la plataforma reivindicativa, aunque se marginen algunas cuestiones (supresión de prórrogas, jornada), y se acepta, asimismo, la convocatoria de asambleas en los territorios para debatir plataforma y acciones reivindicativas. Se decide la formación de una comisión para la elaboración de contenidos concretos en cada uno de los puntos pactados.

El efecto de ese acuerdo se manifestó de inmediato. Por un lado en la rápida reacción del Presidente del Consejo convocando a las asociaciones al diálogo, en contraste con la actitud de algunos señores consejeros o con el mal disimulado enfado y reticencias del Ministerio, todo ello antes, incluso, de que se les emplazara por parte de las Asociaciones. Por otro lado tuvo un amplio eco en la prensa donde pronto desaparecieron tanto los intentos de presentarlo a manera de un frente político común frente al Gobierno, como el de descalificarlo de mera reivindicación económica.

En el momento de redactar este informe aún resulta prematuro vaticinar el final de la estrategia adoptada. En todo caso puede decirse que difícilmente restaba otra alternativa válida sin que resultase una mera claudicación de reivindicaciones tan legítimas como inaplazables. Al Congreso corresponde la valoración definitiva.

 Relaciones Institucionales

 El inicio de actividades de este Secretariado coincidió prácticamente con la aprobación por el Consejo General del Poder Judicial de su declaración programática. Aun saludando la recepción en dicho programa de algunas de las preocupaciones protagonistas de nuestro Congreso -en especial en relación con la inmediación y la corrupción- se denunció el exceso de generalidades y la ausencia de efectivos compromiso en la definición de objetivos y formas de actuación. Pronto pudieron detectarse las consecuencias de esa falta de voluntad política en el Consejo. Las dificultades para la convocatoria de las jornadas sobre la corrupción fueron una primera muestra. Con ocasión de la apertura del año judicial nuevamente se hizo necesario emplazar al Consejo ante sus responsabilidades. No sólo se criticó entonces el modo de operar para el conocimiento del funcionamiento «en vivo» del aparato judicial, más allá de cuestionables estadísticas, sino que se le emplazó a medirse con los otros poderes del Estado» en una nada difícil previsión de lo que luego sería, es aún hoy, su verdadera asignatura pendiente, o, quizás mejor, su complicidad permanente.

Las constantes entrevistas mantenidas con los Consejeros responsables de las relaciones con las Asociaciones apenas tuvieron traducción en resultados. Toda convocatoria para que recobrase el protagonismo se vio frustrada tanto por la ausencia de un marco de competencias adecuado como por la falta de voluntad política de exigencia a los demás poderes.

Donde no resultó inoperante el Consejo fue muy especialmente en su proclividad a desencadenar los mecanismos disciplinarios en momentos y de forma que hacen difícil vincularlos a propósitos de garantía ni de la independencia judicial ni de los derechos del ciudadano. Ya en el otoño de 1986, con ocasión de un acuerdo de la Junta de Jueces de Madrid, sobre actuaciones del aparato policial se iniciaba un modo de operar no del todo abandonado. La advertencia del castigo sustituía al esfuerzo por solucionar el problema denunciado. Esta verdadera sanción de reprensión pública a la Junta de Jueces habría de reiterarse con ocasión de su pronunciamiento sobre otra manifestación del celo disciplinario de algún órgano del Consejo. Se trataba del caso de un Juez de Vigilancia cuya propuesta de sanción hubo de dejarse final y felizmente sin efecto. En otras actuaciones disciplinarias el Consejo evidenció una especial falta de sensibilidad para la tutela de los derechos del sometido a expediente. Así en el caso de un compañero destinado en las islas a quien no sólo se le limitaron las efectivas posibilidades de defensa por sí, sino que se mantuvo una postura cicatera en las posibilidades de defensa a través de la personación de la Asociación.

Resolución ésta que ha llevado al Secretariado a defender, hasta la última instancia su legitimación, por estimarlo de capital importancia para el desempeño de los fines estatutarios de la Asociación. Al Consejo se hizo llegar reiteradamente la situación de malestar por las condiciones en que los jueces se ven obligados a desempeñar su función como también por la escasa consideración que aquella suscita. Se formularon propuestas y peticiones reiteradas. En ningún caso se encontró el eco esperado. Por ello se cancelaron las reuniones optando por la actuación conjunta con las otras asociaciones antes descrita. Sólo entonces, y aún con la resistencia de señores consejeros acantonados en campanas de cristal autoritarista, ajenos a las exigencias del aparato que gobiernan, fue posible, quizás por inevitable, reanudar las conversaciones con resultado de pronóstico aún incierto.

Con el Ministerio de Justicia, tras unos primeros contactos en los que apenas se intercambiaba información, se iniciaron conversaciones en noviembre de 1986. Respondía el Ministro a la carta que se remitiera en septiembre. Pero su convocatoria fue interesadamente ampliada a las demás asociaciones y desarrollada en un marco de mera propaganda política del convocante, que pronto se reveló ajena al más mínimo propósito de actuación ulterior a la sesión fotográfica y televisiva con el señor Ministro de estrella. Parece conveniente recordar ahora que, entonces, el señor Ministro aceptó de buen grado iniciar un programa de conversaciones sobre los siguientes bloques de temas: a) estatuto de las asociaciones; b) estatuto de jueces y magistrados incluyendo situación profesional, retribuciones, complementos… e) oficina judicial y problemas conexos tanto en cuanto a política de personal como de medios y d) proyectos normativos. El compromiso de contribuir a la financiación de las’ asociaciones tuvo pronto final. Pero los demás compromisos no tuvieron principio efectivo.

A pesar de todo se insistió en los intentos de lograr acuerdos con el Ministerio. En la primavera de 1987 se mantuvo una nueva entrevista del Secretariado con el Director General. Nuevamente se planteó la permanente reivindicación del estatuto asociativo. Se nos ofreció entonces un borrador para antes de un mes. Incluso se planteó por el Director General la instauración de un Consejo integrado por representantes de las asociaciones al que se reconocería como interlocutor en las negociaciones sobre condiciones de trabajo. Hoy sólo cabe discutir si aquello fue una «debilidad momentánea» o una mera «picardía» de distracción por parte del señor Director General. La entrevista sirvió para constatar la falta de voluntad política (imposibilidad en la dicción del Director) de abordar la negociación de las retribuciones o de admitir nuestra intervención en la redacción de los borradores de anteproyectos de leyes procesales.

El transcurso del tiempo sólo vino a corroborar esa absoluta falta de interés en el Ministerio por mantener ningún tipo de conversación con la Asociación. La remisión al Consejo como nuestro interlocutor era su última estrategia. La inutilidad también de esta vía ha provocado el actual estado de cosas y la nueva estrategia adoptada por el Secretariado.

 Relaciones con otras asociaciones

 El Congreso había adoptado el acuerdo de autorizar acciones concretas de modo unitario con otras asociaciones. Ya ha se dejado dicho como la inviabilidad de toda comunicación efectiva con las instituciones obligó, en la primavera de 1987, a iniciar las conversaciones tanto con F de V como con la APM para diseñar una propuesta reivindicativa conjunta. Entre las medidas ya sugeridas entonces por JpD se encontraba la de asambleas generales en todos los territorios. La evolución de esta actuación ya ha quedado expuesta.

El esfuerzo más destacado fue la colaboración con un amplio espectro de colectivos que permitió la celebración de la Asamblea de Gentes del Derecho. Como ya se ha dicho antes, de ella arranca el propósito de elaborar una propuesta de ley sobre medidas urgentes en relación con la Administración de Justicia y de permanente colaboración con esos otros colectivos.

También se han mantenido contactos con el sindicato de CCOO de Justicia. Las posibilidades de acuerdo con este colectivo en cuanto a actuaciones conjuntas referidas a la plataforma reivindicativa son cuando menos dudosas.

 Conclusiones

 Al tiempo de concluir resulta obligado realizar alguna valoración tendente a constatar el grado de cumplimiento de los fines asociativos, tal como quedaron definidos en nuestro último Congreso. Y también de cual sea la situación actual como referente de exigencias para abordar la elaboración de nuevos objetivos.

1. La efectiva vigencia de los valores proclamados en la Constitución sigue siendo, probablemente no dejará de serio nunca, una acuciante exigencia. Por un lado, en el ámbito legislativo, persisten criterios poco compatibles con las garantías constitucionales en la elaboración de los instrumentos jurídicos para la represión del terrorismo y en las opciones de política criminal vigentes en la legislación penal. Valgan de ejemplos especialmente preocupantes la reciente reforma en materia de delitos contra la salud pública o la no descriminalización de de- 65 terminados supuestos de aborto. Pendiente queda la necesidad de algunas criminalizaciones como las relativas a conductas de malos tratos a mujeres o incumplimiento de deberes asistenciales impuestos en los casos de crisis matrimoniales.

Por otro lado, en lo que concierne al Poder Ejecutivo, tanto su actuación como su inhibición resulta motivo de profunda preocupación en lo que a efectividad de esos valores constitucionales se refiere. Actuaciones del aparato policial, como las masivas operaciones denominadas con referencias a estaciones del año, y otras que le convierten en noticia periodística, tan frecuentes como lamentables, demandan tanto su puntual denuncia como el permanente esfuerzo por lograr un marco legal que las haga, cuando menos, de improbable acaecimiento. En otros casos, por el contrario, es la inactuación de ese aparato policial, difícilmente concebible como casual, la que debe suscitar acuciantes demandas. Así en lo referente a la detección y sometimiento a los tribunales de conductas como las atentatorias a los derechos de los trabajadores o a intereses colectivos cuya protección en la letra del Código Penal constituye, por obra de esa inhibición, una mera proclamación retórica.

2. La consecución de medios complementarios de legitimación democrática del Poder Judicial ha quedado limitada a la potenciación de la crítica pública de la Administración de Justicia. La capacidad para la autocrítica demostrada por Jueces para la Democracia contrasta con el silencio, cuando no con la prepotencia, de otros ámbitos del aparato del Estado. A otros correspondía la instauración de mecanismos legitimadores siempre propuestos por Jueces para la Democracia: la regulación del Jurado y su entrada en funcionamiento, la vigorización de la Justicia de Paz de base electiva o el control parlamentario del órgano de gobierno del Poder Judicial. Un reto en el que no cabe claudicar.

3. La mejora del servicio de la Justicia ha constituido sin duda una de las preocupaciones centrales de la actuación del Secretariado. Constantemente se ha puesto de manifiesto la escasísima funcionalidad de la ley orgánica para incidir en una efectiva transformación cualitativa de la actuación jurisdiccional. Tanto para lograr una mayor democratización de aquella actuación como para posibilitar una respuesta minímamente aceptable al progresivo incremento de demanda de tutela judicial. En ausencia de un proyecto que suscite esperanza, ofrecido por los responsables de los poderes del Estado, se hace necesario proseguir en la línea iniciada por la Asamblea de gentes del Derecho. No sin reflexionar sobre las formas de colaboración de los colectivos implicados, o implicables, en el empeño. Y tampoco sin subrayar la conveniencia de profundizar en la calidad técnica de los trabajos a elaborar. Pero abandonado el acantonamiento corporativo que esterilice una iniciativa cuya fertilidad ha quedado harto demostrada. Si propuestas efectuadas en ese marco, como la de la figura del juez adjunto, ya han encontrado eco en el Consejo General del Poder Judicial, (con reflejo en los objetivos aprobados por éste hace apenas unos meses), es de esperar que las que Jueces para la Democracia ha aportado en otros ámbitos de actuación, como en el de la comisión de negociación formada con las demás asociaciones y Consejo, encuentren adecuada acogida. Sugerir fórmulas para solucionar problemas del ahora mismo debe seguir siendo un empeño permanente, como lo ha sido hasta hoy. Continuamente ha denunciado Jueces para la Democracia la incapacidad del Poder Ejecutivo para proponer la reforma procesal indiscutida en su necesidad. Especial preocupación y contestación ha provocado el intento de desjudicializar la fase de instrucción en el proceso penal. Sin duda los tiempos inmediatos requerirán en este punto una atenta preocupación. Como preocupación e imaginación demandará la proposición de fórmulas que en el proceso civil introduzcan mínimas dosis de racionalidad y simplificación.

4. No parece cuestionable que ha sido el decidido impulso de Jueces para la Democracia la que ha hecho posible, no sólo lo celebración de unas jornadas sobre la corrupción en la Administración de Justicia, sino la sensibilización de la opinión pública al respecto y de su feliz consecuencia, la preocupación de los poderes públicos. No quizás su erradicación, pero una sensible minoración de sus manifestaciones es hoy el resultado del esfuerzo aportado por Jueces para la Democracia.

5. Uno de los aspectos, sino inéditos, al menos inusuales en la actividad del colectivo ha sido el de la defensa de los intereses profesionales de los asociados. Este Secretariado ha llevado a cabo una incesante actividad que ya se dejó descrita. La convicción generalizada sobre la posibilidad -y, desde luego, legitimidad- de reivindicar y obtener mejoras en las condiciones de trabajo así como la sensibilización de la opinión pública y de los poderes públicos, no obstante iniciales rechazos, son sin duda resultados nada despreciables de aquella actividad reivindicativa abordada por el Secretariado. Múltiples son los objetivos no alcanzados. Muchos ni siquiera planteados hasta el momento. Desde luego este debe ser uno de los campos fundamentales en los que situar la actuación del colectivo y a este congreso corresponde concretar dichos objetivos. 6. La necesidad de dotar al colectivo de una estructura que le facilite su operatividad se puso de manifiesto en la práctica imposibilidad de dar cumplimiento a otro de los fines asociativos. Se trata de la convocatoria y celebración de jornadas de estudio sobre diversos temas que contribuyeran a la formación científica de los asociados. Es de desear que en el futuro sea posible la ejecución de esos proyectos tantas veces pensados y tantas aplazados.

7. Por el contrario la edición de una revista periódica ha dejado de ser un lejano deseo para ser una realidad en permanente consolidación y perfeccionamiento. Superadas las trabas administrativas y efectuadas las iniciales experiencias, se trata ahora de dotarla de la infraestructura que garantice su presencia periódica y la adecuada distribución. Lograr convertirla en un foro de debate es un objetivo que no dependerá sólo de sus responsables.

8. Se han propuesto y se han logrado acciones conjuntas con otras asociaciones de jueces. Con unos con más fluidez que con otros. Sin duda otras experiencias podrán seguir a las iniciales.

Sin perjuicio del pluralismo asociativo justificado por no pocas diferencias. Porque éste no es obstáculo para la común defensa de intereses que son comunes. Las relaciones con colectivos sociales ha sido, por el contrario, otro de los objetivos escasamente alcanzados.

La revista y una estructura más flexible de la organización de la Asociación pueden ser la clave para más esperanzadores resultados. En otros casos, como en el de U.P.F. resulta más difícil explicarse la ausencia de unas relaciones más intensas. No parece que, en este supuesto, sean las deficiencias de operatividad de JpD el origen de esa escasez de relaciones.

Contribuir a fortalecer la federación de grupos que participaron en la Asamblea de gentes del Derecho será sin duda un de las fórmulas más funcionales a las relaciones propuestas entre los fines de JpD.

9. Las relaciones con el Consejo comenzaron desde la esperanza pronto sustituida por la convicción de su inoperancia. El último giro desde las posiciones de paralelismo con el Poder Ejecutivo hasta la adopción de una política más espontánea, permite abrigar la esperanza de que las relaciones sean más fructíferas, además de contribuir a que deje de ser el Consejo un verdadero cadáver político y se enriquezca con un complemento de legitimación, como condiciones para la programación de la escasa política judicial que sus escasas competencias le permiten intentar.

Si erróneo fue ver en Jueces para la Democracia un colectivo acríticamente dócil a los deseos o sugerencias del Ministerio erróneo es atribuirle propósitos de sistemática descalificación. Las relaciones -mejor las no relaciones- con el Ministerio han sido lo que éste ha determinado en cada momento. Es el Ministerio quien tendrá que decidir el modelo de esa relación y optar por el diálogo directo o por su negación so pretexto de obligada mediación del Consejo.

En el campo de las relaciones institucionales se han iniciado ya otros encuentros. Pero no cabe duda de que también aquí será necesario un mayor esfuerzo que sólo las modificaciones de la organización posibilitarán.

10. Finalmente cabe señalar que estos dos años han servido para comenzar y consolidar la estructura organizativa del colectivo. La contratación de un local, teléfono y de la colaboración de una persona en la oficina coordinadora ha permitido la elaboración del primer censo de asociados que hasta el momento era poco menos que impensable. Si la dotación económica permite ampliar esa estructura y la organización de la asociación que se establezca en los estatutos resulta suficientemente operativa, la siguiente rendición de cuenta del siguiente Secretariado será, sin duda, bien distinta de la hoy presentada, que, no obstante entendemos es la mejor posible y para la que solicitamos vuestra aprobación.